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Legis

TRATADO GENERAL DE ARBITRAJE CON URUGUAY.

Ley 4.044

BUENOS AIRES, 18 de Diciembre de 1901
Boletín Oficial, 23 de Enero de 1902

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunido en Congreso, etc. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1. - Apruébese el tratado general de arbitraje firmado en la ciudad de Buenos Aires, el 8 de junio de 1899 por los plenipotenciarios de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay debidamente autorizados al efecto, modificándose el artículo 3 como sigue: "Artículo 3. En cada caso ocurrente se constituirá el tribunal arbitral que deba resolver la controversia suscitada. Si no hubiera conformidad en la constitución del tribunal, éste se compondrá de tres jueces. Cada Estado nombrará un árbitro y éstos designarán el tercero. Si no pudiesen ponerse de acuerdo sobre esta designación, la hará el jefe de un tercer Estado, que indicarán los árbitros nombrados por las partes. No poniéndose de acuerdo para este último nombramiento, cada parte designará una Potencia diferente y la elección del tercer árbitro será hecha por las dos Potencias así designadas.

El árbitro así elegido será de derecho Presidente del Tribunal.

No podrá nombrarse árbitro tercero, a la persona que en ese carácter haya sentenciado ya en un juicio arbitral con arreglo a este tratado.

ARTICULO 2. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Tratado general de arbitraje suscripto en Buenos Aires el 8/6/1899 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.

ARTICULO 1. - Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter a juicio arbitral, todas las controversias de cualquier naturaleza, que por cualquier causa surgieren entre ellas en cuanto no afecten afecten a los preceptos de la Constitución de uno u otro país y siempre que no puedan ser solucionadas mediante negociaciones directas.

ARTICULO 2. - No pueden renovarse, en virtud de este tratado, las cuestiones que hayan sido objeto de arreglos definitivos entre las partes. En tales casos, el arbitraje se limitará exclusivamente a las cuestiones que se susciten sobre validez, interpretación y cumplimiento de dichos arreglos.

ARTICULO 3. - En cada caso ocurrente se constituirá el tribunal arbitral que deba resolver la controversia suscitada.

Si no hubiera conformidad en la constitución del tribunal, éste se comprobará de tres jueces. Cada Estado nombrará un árbitro, y éstos designarán el tercero. Si no pudiesen ponerse de acuerdo sobre esta designación, la hará el jefe de un tercer Estado, que indicarán los árbitros nombrados por las partes. No poníendose de acuerdo para este último nombramiento se solicitará su designación del Presidente de la República Francesa.

El árbitro así elegido será de derecho Presidente del Tribunal.

No podrá nombrarse árbitro tercero, a la persona que en ese carácter haya sentenciado ya en un juicio arbitral con arreglo a este tratado.

ARTICULO 4. - Ninguno de los árbitros podrá ser ciudadano de los Estados Contratantes, ni domiciliado en su territorio. Tampoco podrá tener interés en las cuestiones que sean objeto del arbitraje.

ARTICULO 5. - En caso de no aceptación, renuncia o impedimento sobreviniente de uno o más de los árbitros, se proveerá a su substitución por el mismo procedimiento adoptado para su nombramiento.

ARTICULO 6. - Los puntos comprometidos se fijarán por los Estados Contratantes que podrán también determinar la amplitud de los poderes de los árbitros o cualquier otra circunstancia relativa al procedimiento.

ARTICULO 7. - En defecto de estipulaciones especiales entre partes, corresponde al tribunal designar la época y el lugar de sus sesiones fuera del territorio de los Estados Contratantes, elegir el idioma que deberá emplearse, determinar los métodos de substanciación, las formalidades y términos que se prescribirán a las partes, los procedimientos a seguirse en general, tomar todas las medidas que sean necesarias para su propio funcionamiento y resolver todas las dificultades procesales que pudiesen surgir en el curso del debate.

Los compromitentes se obligan a poner a disposición de los árbitros todos los medios de información que de ellos dependan.

ARTICULO 8. - Cada una de las partes podrá constituir uno o más mandatarios que la represente ante el Tribunal.

ARTICULO 9. - El Tribunal es competente para decidir sobre la regularidad de su propia constitución, validez del compromiso y su interpretación. Lo es igualmente para resolver las controversias que surjan entre los compromitentes sobre sí determinadas cuestiones han sido o no puntos sometidos a la jurisdicción arbitral en escritura de compromiso.

ARTICULO 10. - El Tribunal deberá decidir de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, a menos que el compromiso imponga la aplicación de reglas especiales o autorice a los árbitros a decidir como amigables componedores.

ARTICULO 11. - No podrá formarse Tribunal sin la concurrencia de los tres árbitros. En el caso que la minoría, debidamente citada, no quisiese asistir a las deliberaciones o a otros actos del proceso, se formará Tribunal con sólo la mayoría de los árbitros, haciéndose constar la inasistencia voluntaria e injustificada de la minoría

Se tendrá como sentencia lo que resuelva la mayoría de los árbitros, pero si el árbitro tercero no aceptase el parecer de ninguno de los árbitros nombrados por las partes, su dictamen será cosa juzgada.

ARTICULO 12. - La sentencia deberá decidir definitivamente cada punto en litigio y con expresión de sus fundamentos.

Será redactada en doble original y firmada por todos los árbitros.

Si alguno de ellos se negase a subscribirla, los otros deberán hacer mención en acta especial de esta circunstancia y la sentencia producirá efecto siempre que esté firmada por la mayoría de los árbitros. El árbitro en disidencia se limitará a hacer constar su discordia en el acto de firmar la sentencia, y sin expresión de su fundamentos.

ARTICULO 13. - La sentencia deberá ser notificada a cada una de las partes por medio de su representante ante el Tribunal.

ARTICULO 14. - La sentencia legalmente pronunciada decide dentro de los límites de su alcance la contienda entre las partes.

ARTICULO 15. - El Tribunal establecerá en la sentencia el plazo, dentro de lo cual debe ser ejecutada siendo competente para decidir las cuestiones que puedan surgir con motivo de la ejecución de la misma.

ARTICULO 16. - La sentencia es inapelable y su cumplimiento está confiado al honor de las naciones signatarias de este pacto.

Sin embargo, se admitirá el recurso de revisión ante el mismo Tribunal que la pronunció, siempre que se deduzca antes de vencido el plazo señalado para su ejecución en los siguientes casos:

1. Si se ha dictado sentencia en virtud de un documento falso o adulterado.

2. Si la sentencia ha sido en todo o en parte la consecuencia de un error de hecho, que resulte de las actuaciones o documentos de la causa.

ARTICULO 17. - Cada una de las partes pagará los gastos propios y la mitad de los gastos generales de Tribunal Arbitral.

ARTICULO 18. - El presente tratado estará en vigor durante diez años a contar desde el canje de las ratificaciones. Si no fuese denunciado seis meses antes de su vencimiento, se tendrá por renovado por otro período de diez años y así sucesivamente.

El presente tratado será ratificado y canjeadas sus ratificaciones en Buenos Aires, dentro de los seis meses de su fecha.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay firmaron y sellaron con sus respectivos sellos, y por duplicado, el presente Tratado, en la ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del año de mil ochocientos noventa y nueve.

ALCORTA - RAMIREZ